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El caso Amazon-WikiLeaks evidencia el poder de los proveedores cloud sobre sus clientes

La decisión de Amazon de dejar de hospedar el sitio web de WikiLeaks ha evidenciado esta semana la dependencia de las organizaciones respecto de sus proveedores cloud.

WikiLeaks, la compañía que ha hecho públicos los cables diplomáticos de Estados Unidos que han acaparado la atención de todos los medios de comunicación durante esta semana, decidió el pasado lunes trasladar su sitio web a la cloud de Amazon Web Services tras sufrir una oleada de agresivos ataques de denegación de servicio (DoS), que llegaron a conseguir interrumpir el servicio durante varias horas.

Pero la relación entre WikiLeaks y Amazon Web Services duró poco. Amazon es una importante empresa en Estados Unidos y sus servidores cloud hospedan el sitio web de estímulo a la inversión Recovery.gov. Además, el objetivo de la compañía es conseguir aumentar su cantidad de clientes dentro del gobierno federal del país. Por eso no es extraño que, ante las quejas del senador estadounidense Joseph Lieberman, decidiera dar marcha atrás y rechazara a WikiLeaks como cliente.

Pero lo cierto es que lo abrupto de la actuación de Amazon –WikiLeaks tuvo que buscarse rápidamente otro proveedor, recurriendo finalmente al hospedaje de la firma sueca Bahnhof Internet AB- ha aumentado la preocupación que muchas expertos tenían ya antes sobre la dependencia que asume cualquier organización respecto de su proveedor de servicios cloud.

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Robert Scott, socio director de Scott & Scott, firma estadounidense especializada en leyes y que asesora a sus clientes sobre cuestiones relacionadas con los contratos de suministro TI, explica que los términos de los contratos cloud de Amazon permiten a la compañía finalizar sus contratos de hosting por cualquier actuación que ésta crea ilegal, constituya una violación de la regulación o infrinja los derechos de terceras partes.

Fueron estos términos a los que Amazon recurrió en su decisión contra WikiLeaks, según Scott, pero esos mismos términos podrían ser aplicados en situaciones menos obvias, como en el caso de una disputa por licencias que enfrente al provedor con el cliente o dos clientes entre sí. “Es un exceso de poder que el suministrador pueda reservarse a su absoluto criterio el determinar si los contenidos o las aplicaciones de los clientes son o no adecuadas y, de decidir esto último interrumpir súbitamente el servicio del que dependen los negocios”, explica Scott.

 

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