La Factura Electrónica, clave de la Reforma de las Administraciones Públicas
Durante el primer semestre de 2012 las empresas españolas procesaron unos 56 millones de facturas electrónicas, frente a los 12 millones de 2009
El uso de la Factura Electrónica obligatorio es uno de los pilares de la Reforma de las Administraciones Públicas impulsada por el Gobierno. El proyecto incluye un total de 217 medidas de reforma y 127 propuestas, y pretende acabar con las duplicidades de funciones entre los tres niveles de la Administración (central, autonómica y local).
Este mecanismo supondrá una mejora en la eficiencia en la gestión administrativa y contable, ahorrando costes tanto de los emisores como de los receptores de facturas electrónicas cuando se integre en los sistemas de gestión de las organizaciones. El precio de una notificación electrónica será de 0,19 euros frente a los 2,55 de la actual notificación postal. Según el último estudio sobre la Factura Electrónica en España, realizado por SERES durante el primer semestre de 2012, las empresas españolas realizarán unos 56 millones de facturas electrónicas, frente a los 12 millones tramitados tres años antes.
El Gobierno prevé el uso generalizado de la Factura Electrónica en la Administración General del Estado a partir de 2014. Se extenderá en 2015 a los sectores más relevantes del mercado: Utilities, Banca, Seguros, y otros. Y en 2016 será obligatoria en los ayuntamientos. En Europa está previsto que antes de 2020 la utilicen más del 80% de las empresas.
La ley 30/2007 establecía la obligatoriedad de usar estos documentos a partir del 1 de noviembre de 2010 en todos los contratos con el sector público, si bien su entrada en vigor se ha demorado. El Consejo de Ministros aprobó el 19 de agosto de 2011 un plan para la implantación y el empleo de la Factura Electrónica apoyando su difusión en el ámbito público y privado y creando un Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica.
